Una
vez conocido el pronunciamiento del máximo órgano judicial de guarda de
la constitución colombiana, la Corte Constitucional, acerca del
denominado “Acuerdo complementario para la cooperación y asistencia
técnica en defensa y seguridad entre los gobiernos de la República de
Colombia y de los Estados Unidos de América” (identificado
hemisféricamente como Tratado de Entrega de Bases a EE.UU) de 30 de
octubre de 2009,contenido en el auto (providencia judicial de trámite
en un proceso) de aquella corporación (288/2010.
www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2010/a288-10.HTM),
medios de información internacionales e investigadores, manifestaron
que había sido declarado inexequible, es decir inejecutable,
inaplicable, entre otros calificativos, a causa de su
inconstitucionalidad[1], y en consecuencia las cosas habían retornado
al estado anterior a su suscripción. Examinando el tema, la situación
jurídica y de facto es muy otra, poseyendo un cariz bastante
inquietante, el cual es abordado a continuación.
El poder
ejecutivo colombiano en la materia durante por lo menos los últimos 20
años, especialmente en los tres más recientes mandatos presidenciales,
ha permitido la operación de tropas y armas gringas en el territorio,
espacio aéreo y mar jurisdiccional de Colombia, en aplicación de la
ominosa estrategia de intervención militar de EE.UU. denominada Plan
Colombia; pretextos han sido los trillados del tráfico ilegal de
psicoactivos y el ‘terrorismo’. Es en el post-plan donde nos ubicamos
para proyectar la materia.
-La Constitución y la Corte. La
carta magna Colombiana de 1991 con específicos requisitos,
sorprendentemente permite el tránsito de tropas extranjeras por su
territorio más no la permanencia de estas en el mismo (art 173-4,
189-5, 137). En lo tocante a tratados internacionales establece el
valor absoluto del control previo de la Corte sobre la
constitucionalidad de los tratados internacionales. De conformidad a la
carta y jurisprudencia del tribunal constitucional, dicho control debe
operar con la existencia o ausencia de ley aprobatoria del tratado que
le otorga vida interna, la cual debe enviarse en un término perentorio
a la Corte a fin de que esta determine su constitucionalidad (artículo
224), y así evitar el canje de notas diplomático sin el examen de
aquella (Auto p.75). Específicamente en nuestro tema, ha declarado el
cuerpo judicial que el ‘acuerdo simplificado’ o ‘complementario’ de
2009, a pesar de denominársele así, por las materias contenidas es
notoriamente en realidad un tratado internacional con todas sus
consecuencias, a despecho del trapacero decir del gobierno de entonces.
Con
estos y otros antecedentes la Corte ha declarado la existencia de
situaciones ‘irregulares y preocupantes’ a nivel constitucional y de
los tratados, las cuales estima desestabilizadoras del orden interno y
la seguridad del derecho, con motivo de que las relaciones
internacionales colombianas se encuentran regidas, en cruciales
aspectos por meros ‘acuerdos’ sin el cumplimiento cabal de concretos
requisitos constitucionales (Auto pag.78)
La Corte
Constitucional históricamente en este tema emplea cuidadosos eufemismos
para referirse a ostensibles violaciones de la carta magna a nivel de
las relaciones internacionales reguladas en esta. Términos más
ajustados a la realidad legal y de hecho, no podrían estar nada lejos
de ‘violaciones flagrantes’, o de incurrir en la ‘generación de
acciones que implican ‘principios constitucionales básicos derogados de
facto’.
En el pasado del manejo que esa corporación le ha dado
a los denominados en el derecho internacional ‘acuerdos simplificados’
suscritos con EE.UU. en el campo militar, se encuentra el rechazo a dos
demandas de inconstitucionalidad contra tratados adecuados como
‘acuerdos’, del tipo del matriz de abril de 1952 (Auto p.79) Es notable
aquí la posición de la corporación de no referirse de fondo sobre
tratados en los cuales se encuentre involucrado el gobierno de los
Estados Unidos, aunque patentemente se viole el orden jurídico
nacional, o avalarlos sin mayor examen, como el caso del abominable TLC.
Esto
es especialmente destacable cuando nos detenemos en el tratado de 1952,
arquetipo citado como fuente de los posteriores, suscrito por
Washington con un gobierno colombiano por entero espurio, bajo la
dictadura conservadora de Laureano Gómez Castro, estando el Congreso de
la República cerrado por la fuerza y las libertades civiles conculcadas
desde el autogolpe de estado del otro conservador Mariano Ospina Pérez
en noviembre de 1949, en el inicio del periodo luctuoso llamado
Violencia.
Por tanto buscar allí aprobación legislativa y así
mismo un mínimo de legitimidad, es parte de una aviesa omisión
histórica. El examen de un tema del máximointerés como el analizado sin
un acercamiento a la historia, relaciones geopolíticas, temas
ambientales, afectaciones culturales, etc., resulta limitado,
insubstancial y tendiente por entero al error.
Al presentarse
una violación a la Constitución por vía de estos acuerdos
internacionales, es ostensible que se trata del proceder del Presidente
de la República (CN art. 189 numeral 2), por el no envío al congreso de
un pacto internacional el cual palmariamente tiene la calidad de
tratado, a pesar de nombrársele como ‘acuerdo simplificado’ u otro
epíteto similar, e inobservancia del principio de la soberanía en la
relaciones internacionales (CN art. 9).
Empero, la Corte
ulteriormente concluye increíblemente en el Auto 288/10, que el
tratado-acuerdo demandado de 2009 con EE.UU. de entrega de bases no
encaja en su anterior presupuesto[2], estando el pacto para aquella, en
trance de perfeccionamiento. Lo cual es contrario a derecho y a los
hechos; el tratado militar de 30 de octubre de 2009 en el momento de
ese pronunciamiento, está siendo ejecutado en los términos leoninos del
mismo: política, jurídica y militarmente el tratado rebosa de vida (la
CN sólo permite la aplicación provisional en tratados de carácter
comercial, artículo 224). Continuando esta suerte de ilusionismo
jurídico expresa: “Abordar un análisis al respecto implicaría aceptar
que un tratado puede estar vigente durante algún tiempo sin la
aprobación del Congreso”. (Auto p.92) Es decir, niega justamente la
realidad.
Esto precisamente es lo que ha ocurrido impunemente
si nos retrotraemos a tratados anteriores como el de la matriz de la
luctuosa época de Laureano de ayuda militar de 1952, el de ayuda
económica y asistencia técnica de 1962, el de misiones militares
gringas de 1974, el Memorando de Entendimiento Para una Relación
Estratégica de Seguridad para Promover la Cooperación de 14 de marzo de
2007, o el Acuerdo de Implementación número 073 al anexo de 2004 de 17
de septiembre de 2010,[3]con lo cual es detectable (nuevamente), una
espesa maraña de acuerdos de obras, entrenamiento y préstamo y entrega
de armas pentagonales, los cuales nunca han pasado por el poder
legislativo y judicial colombiano, y no obstante, se han aplicado a
raja tabla.En este pasmoso orden de ideas, los jurisconsultos custodios
de la constitución establecen que el tratado es intocable pues“en sí
mismo no se encuentra viciado”. (Auto p.92).
Aquí el auto hace
una precisión en lo que tiene que ver con el acuerdo bajo análisis, de
un alcance sofístico asombroso,manifestando que con motivo de no
existir ley aprobatoria (el gobierno Uribe tramposamente, con
aquiescencia imperial, declaró que no debía ser discutido en el
congreso por ser apenas un ‘acuerdo simplificado o complementario’ de
‘asistencia técnica’), siendo un tratado por las obligaciones
contenidas, el alto tribunal no adelanta examen de fondo del mismo,
empero,se atribuye competencia para declarar dicho acuerdo como
‘ineficaz’ en el ordenamiento colombiano (causa interrogantes la no
utilización de la palabra jurídico, en la parte resolutiva del auto,
como si lo usa en las consideraciones (Auto p. 89). En otras palabras:
la corte manifiesta paradójicamente que puede dar cabida a acciones de
inconstitucionalidad en la materia, pero no define la
constitucionalidad o no del tratado (Auto p. 86, 92), exponiendo la
fórmula resbalosa de la no existencia aún del mismo por no reunir los
requisitos constitucionales formales.
Como desenlace, la
corporación en la parte resolutiva de la providencia ordena advertir al
Presidente de la ocurrencia de tal situación previniendo de los
problemas planteados, pero desconcertantemente, sin indicar cuáles
deben ser los términos concretos perentorios de la acción ejecutiva a
seguir, mucho menos los de su propia competencia judicial para efectuar
dicho envío, y los recursos para hacer efectiva la providencia
proferida (Auto p.78).[4]
El gobierno de Juan Manuel Santos
(recién reelecto presidente) a su vez no ha respetado hasta la fecha lo
decidido por la Corte en la providencia de marras (el auto como tal no
lo vincula en ninguna forma); expresamente el jefe de estado ha
manifestado ‘estar inclinado hacia el no sometimiento del acuerdo a la
aprobación del Congreso’[5] (donde posee mayorías, aunque bastante
fraudulentas). De su parte funcionarios del Departamento de Estado en
Washington han insinuado que todo sigue igual en la materia, a pesar
del aparente ‘fallo’descalificatorio sobre el tratado[6]; este con
todas las nefastas consecuencias para la soberanía, la independencia,
la tranquilidad y las relaciones internacionales de la región, ha
continuado siendo ejecutado sin obstáculo alguno del gobierno de
Colombia en su territorio, de acuerdo a serios indicios.
-Fallo
de fondo posible. La Corte Constitucional en el estudio de la demanda
en cuestión, debió vérselas con un conjunto de situaciones de hecho en
extremo complejas, a la vez contrarias del orden jurídico al más alto
nivel, de la seguridad del país y trascendencia en futuras
generaciones, que ameritaban un pronunciamiento definitorio, el cual
evidentemente fue eludido. No puede ser una decisión judicial a este o
a cualquier nivel, un mero cotejo de norma superior Vs inferior; sino
un análisis histórico, social, y político, por lo menos con una
valoración ética.
Sobre el tema de fondo de tratado para la
Corte, esto es su constitucionalidad, en cuanto a la razones para la
suscripción del documento diplomático referido, todos y cada uno de los
argumentos contenidos en el tratado soportantes de su suscripción,
pueden ser abordados internacionalmente con políticas adecuadas, sin la
necesidad de entrega de soberanía nada más ni nada menos que a la
primera potencia militar del planeta[7] e impenitente injerencista de
nuestro tiempo. Tan sólo mencionaremos la referencia de un estudioso en
la materia de las bases del gobierno de la Casa Blanca por todo el
mundo: “Desde el final de la Guerra Fría EE.UU. ha permanecido en la
búsqueda continua de nuevas justificaciones para su estructura de bases
en permanente crecimiento…[8]”.
Vergüenzas divulgadas por
Wikileaks. La revelación de comunicaciones de la embajada de EE.UU. en
Bogotá al Departamento de Estado en Washington hecha pública por
Wikileaks, plantea una ignominiosa situación de servilismo de parte del
gobierno de Álvaro Uribe Vélez[9], cuando permite ver como es este
quien realiza los ofrecimientos de entrega de bases militares, y a la
vez deja abierta la invitación para su extensión, literalmente, a todo
el país, erigiendo exenciones penales, fiscales y aduaneras de tipo
colonial. Otro aspecto destacable por su perfidia e interés de engañar
a toda Colombia dejado al descubierto por los cables, es la petición de
Uribe y demás sayones de que en el pacto se debe incluir la palabra
‘suplementario’, en el título y suprimirse ‘base’ en el texto y usar el
aséptico término de permitir “el acceso y uso a las instalaciones”,
para mimetizar el carácter real de tratado internacional y la entrega
de la soberanía en lugares del territorio, todo ello con el visto bueno
del embajador imperial William Brownfield[10].Las comunicaciones
diplomáticas así mismo refuerzan la labor importante del comandante de
la fuerza militar ofensiva para Suramérica SOUTHCOM, de tranquilizar a
los vecinos de Colombia, con el enunciado de que todo ello se debe a la
manida ‘lucha contra las drogas’[11], un subterfugio ampliamente
conocido en este campo de invasión silenciosa. Todo un entramado de
colusión.
Antecedentes de violación de la soberanía pasados por
alto. Los precedentes de los llamados ‘acuerdos simplificados’ como el
de 2009, no son nada halagüeños, en cuanto a su legalidad y ejecución.
Tenemos como en medio de la Segunda Guerra Mundial el gobierno del
presidente Eduardo Santos (1938-42), acoge las imposiciones militares
de defensa del Canal de Panamá del gobierno de Washington, y acepta de
una parte la invasión de tropas estadounidenses a Colombia cuando este
lo estime conveniente (Eduardo Santos siempre estuvo dispuesto a hacer
favores a los EE.UU.[12]), mediante un antijurídico ‘pacto de
caballeros’[13],simplemente para evitar la creación de pruebas
documentales[14], y de otra, junto con su sucesor Alfonso López
Pumarejo (1942-1945), de facto permiten la instalación de una base
militar con tropas de la misma nacionalidad en Barranquilla, la cual
funciona secretamente desde 1942 hasta 1945[15]. Una y otra situación
por entero violatorias de la Constitución colombiana de 1886 en vigor
por entonces.
-Pactos secretos. A la par de las negociaciones
para el pacto de asistencia militar suscrito por el dictador Gómez
Castro de 1952, los representantes de los Estados Unidos y Colombia
llevan a cabo negociaciones para un plan militar bilateral, que también
fue firmado el de 17 de abril como el ya descrito. Se denomina "Plan de
los Gobiernos de Colombia y los Estados Unidos de América para su
defensa común"[16],del cual nada sabemos a la fecha, pero por lo que
ocurre más de sesenta años después, parece tener aún vigencia. Uno y
otros son tratados militares secretos suscritos por el gobierno de
Bogotá con su homólogo de Washington, en la misma época de la
Violencia, durante la cual se ejerce una represión despiadada sobre la
población, siendo por entero nulos de conformidad con el derecho
internacional por su carácter clandestino y mucho menos pueden tener
efectos en la juridicidad interna de algún país. El mismo pacto de 2009
posee las características de secretismo de los anteriores, pues sólo
llegó a conocimiento público por la revelación de un medio escrito[17],
el cual fue cerrado en retaliación por este mismo hecho[18]; un hecho
notorio de censura.
-Toma de los más importantes fuertes
militares. En otro aspecto relacionado con la determinación y ubicación
de las bases copadas bajo el mando del ejército, aviación y la armada
de EE.UU., en el acuerdo de 2009, establece que fuerzas militares
extranjeras actúan justamente en las principales instalaciones
militares del país, las más estratégicas, las más esenciales[19]; lo
cual establece la toma por parte de extranjeros de la más belicosa
potencia militar de nuestro tiempo, de las más preciadas guarniciones
de defensa de Colombia. Es de hacer hincapié a la tradición inveterada
en las FF.AA. de EE.UU. de su no sometimiento a ninguna otra autoridad
que no sea la propia no importando su ubicación, lo cual se refuerza
más aún con las relaciones de dependencia ideológica y material de las
FF.AA. colombianas respecto de las imperiales, a extremos
vergonzantes[20], algo que no puede ser pasado por alto por el máximo
tribunal constitucional como circunstancia de hecho e interpretación de
conjunto del texto del tratado de 2009. Como si fuera poco lo anterior,
no se ha definido que autoridad posee el control de las bases, como es
lógico estipular en un texto de esa naturaleza; esto se deja
intencionalmente a autoridades subalternas de los dos países en otros
‘acuerdos complementarios’ o ‘de aplicación’, nunca bien conocidos.
Instancias en cabeza de mandos medios en Colombia definen asuntos
cruciales para la soberanía, a sabiendas del poder ilimitado en
occidente de intimidación y corrupción del gobierno con el cual se
negocian tales acuerdos y existiendo particularmente en Colombia una
dura y amenazante posibilidad de intervención directa[21].
-Álgida
situación a la vista en las bases: Palanquero. En el caso concreto de
la base aérea de Palanquero en el Magdalena Medio Colombiano, es
especialmente relevante, lo consagrado en la Ley de Apropiaciones
Fiscales para la Defensa (National Defense Authorization), del año 2010
del Congreso de EE.UU., en la cual se estipula una partida para
realizar allí diversos acondicionamientos sustanciales (46 millones de
dólares para mejoras no especificadas, cifra considerable en cualquier
caso), con base en ‘compromisos’ con el gobierno de Bogotá (por
Wikileaks sabemos de la inexistencia de negociación); la partida en el
texto referido se encuentra condicionada a la mera firma del citado
tratado[22].
La continuidad en la ejecución de estos planes por
encima de decisiones judiciales colombianas, es corroborada por
afirmaciones del gobierno de la Casa Blanca,cuando expresa que “el
desechar el acuerdo suscrito (con Colombia) no necesariamente
neutralizará estos proyectos de intervención (estadounidense) en la
región (América Latina)”[23]. En otras palabras, el auto en cuestión es
un documento inocuo frente a los hechos generados por decisiones
pentagonales en Colombia autorizadas por el Capitolio de Washington, y
ello no desde fecha reciente.
La situación real de las bases
militares en Colombia, es muy diferente a la planteada en la evasiva
posición de la Corte Constitucional, en el auto reseñado, como lo
exclamaba, con ese tono de resignación propagandística favorecedora de
los intereses foráneosacostumbrado en los medios colombianos, el portal
de opinión La Silla Vacía: “El efecto práctico de esta decisión (auto)
no es grande. Desde que se firmó el Plan Colombia hace diez años, los
militares gringos han usado las bases colombianas, y ahora sin Acuerdo,
seguramente lo seguirán haciendo[24]”.
Razonablemente se puede
suponer que la anterior cifra de dinero estadounidense citada fue
efectivamente desembolsada y las adecuaciones realizadas, aún después
del ‘auto’. Esto con ocasión de que el gobierno imperial
(incuestionable parte dominante), específicamente de conformidad a la
farragosa jerga pentagonal, se propuso crear “un Comando Aeromóvil
planificado… el cual contempla capacidad para realizar "operaciones de
espectro pleno" (full spectrum operations: de cobertura total) en
Palanquero para enfrentar "drogas (sic), sublevaciones financiadas por
terroristas, gobiernos antiamericanos (sic), pobreza endémica (?)”[25].
Es decir, una estrategia con componentes álgidos para las políticas de
control de la región, inaplazable de conformidad a las continuas
acciones belicosas del Pentágono. Ello es concordante con la
construcción de ‘alojamientos’ en Palanquero[26], algo preocupante si
se tiene en cuenta aciagas experiencias de asentamientos militares
gringos en otros continentes[27], o en Latinoamérica en Manta
Ecuador[28].
La especial atención que el gobierno de la Casa
Blanca pone en la base aérea de Palanquero, y su habilitación para
recibir aeronaves de grandes dimensiones, permite efectuar la reflexión
de la tangible posibilidad de que allí hayan sido o sean apostados
aparatos portadores de armas nucleares[29] y consecuencialmente
sobrevuelen espacio aéreo colombiano (los artículos IV, V y VI del
tratado de 2009 permiten irrestrictamente esto o la navegación en aguas
colombianas), concargamentos extremadamente peligrosos[30], algo
alarmante teniendo el Comando Estratégico Pentagonal (STRATCOM), una
concienzuda estrategia de irracionalidad[31], junto con un
comportamiento como nación de los EE. UU. implicante de “ser canalla de
vez en cuando”[32], oponibles a cualquiera nación, posea armas atómicas
o no[33], nada más ni nada menos.
Esta es una aprensión que
debe ser desarrollada al máximo en Colombia en todos los niveles debido
alalto riesgo de un accidente en el cual se involucren artilugios
atómicos estadounidenses en el suelo o mar nativos; muchos de estos
‘incidentes’ son ocultados al público en general, estando relacionados,
verbigracia, con bombas de hidrógeno caídas en España o Islandia,
siendo como accidentes, inevitables[34].
Palanquero ofrece
posibilidades ofensivas a la Fuerza Aérea gringa de realizar
incursiones militares hasta en la propia África[35], y en general la
perspectiva no lejana de partir de allí ataques por sorpresa nucleares
o convencionales en todo el planeta[36], lo cual hace de Colombia
eventualmente una posición militar susceptible de ser atacada con armas
equivalentes en ejecución de una retaliación a la acción inicial, con
obvias consecuencias desastrosas para el subcontinente. Como antítesis
de ello debe tenerse en cuenta la suscripción por parte de toda
Latinoamérica del tratado de no proliferación de armas nucleares
denominado Tlatelolco (1967)[37]. A cualquier título por tanto están
proscritas armas de esta clase en tierra, mar o aire, donde ejerzan
soberanía gobiernos latinoamericanos. Sólo podría eludir el
cumplimiento de este tratado multilateral el gobierno de la Casa de
Nariño si admite que ya no posee jurisdicción o mandato sobre esas
bases, o tal vez en todo el territorio. Una lastimosa certeza.
También
en el aspecto medioambiental las consecuencias del asentamiento militar
extranjero en Colombia de un imperio como EE.UU potencialmente
perjudiciales, son de competencia de la Corte Constitucional. Si se
manejan sustancias radioactivas de armas nucleares los desechos de las
mismas ineludiblemente han de quedarse en el suelo, el mar o el aire
donde se manipulan bajo cualquier denominación; experiencias funestas
en el Canal de Panamá una vez devuelto a dominio de esa nación, sirven
de antecedente[38].
-Militarización y colonialismo directo.
Otra consecuencia aciaga es la agravación de militarización de la
sociedad colombiana que implica la existencia de fuerzas armadas
extranjeras en su propio territorio, en medio de una guerra interna que
ya dura décadas (las conversaciones del gobierno de Bogotá y las Farc
aún no concluyen con un acuerdo), a más de la intimidación a naciones
vecinas que libremente han escogido directrices distintas a las
favorecidas por Washington. Esto es la configuración de un ambiente de
guerra exterior superpuesta a una interna ya existente en Colombia; la
CN establece que la paz es un derecho de sus habitantes (artículo 22),
y la integración latinoamericana contemplada como fin (artículo 227).
El golpe de estado en Honduras de 2008 en el cual las fuerzas armadas
gringas estacionadas en la base militar de Palmerola, colaboran en su
desarrollo[39], expone el aspecto de intrusión de la metrópoli en la
vida de una nación, permitida a través de dichos emplazamientos. ¿Qué
tal un Guantánamo en Colombia? ¿Una cruel Escuela de la Américas
reeditada?
No obstante de recientes replanteamientos de las
tácticas del empleo de bases en el exterior del Pentágono buscando
disminuir recursos económicos (paradójicamente con el empleo de
tecnología muy costosa), buscando atemperar el disgusto interno en
EE.UU. por las permanentes y desastrosas aventuras militares en el
orbe[40],el esquema general de bases militares por todo el planeta
dista mucho de ser desmontado, salvo en posesiones prescindibles bajo
su lógica militarista (en Colombia serían irrenunciables al Pentágono
por su ubicación Palanquero y Bahía Málaga). En un futuro próximo
apremios geopolíticos de Washington, impiden el desmonte general de las
bases, cuyo nombre actual es ‘Instalaciones de Seguridad Cooperativa’,
antes “Instalaciones Operativas de Avanzada”.
-Conclusión. Es
perceptible la existencia y aplicación en Colombia de una serie de
acuerdos secretos entre los gobiernos de Washington y Bogotá, datados
desde los años 50 por lo menos, los cuales deben ser dados a la
publicidad para afrontar su plena nulidad.La Corte Constitucional
colombiana históricamente no ha cumplido con su papel de garante de la
carta, y más bien ha empleado maniobras jurídico-gramaticales para
abstenerse de pronunciarse de fondo en materia de tratados con el
gobierno de los Estados Unidos, ostensiblemente violatorios de la CN,
es el caso del tratado del 30 de octubre de 2009, pero también de
aquellos del pasado que le sirven de anclaje legal falso. La corte
posee elementos de hecho como conceptuales para fallar de fondo sobre
el tratado en cuestión, de acuerdo a lo preceptuado constitucionalmente
para la soberanía, la integridad territorial, empero, también cruciales
aspectos medioambientales, de proliferación de armas nucleares, de
tratados regionales, y sobre todo de sentido común de protección de sus
habitantes, pues se encuentra de acuerdo a los indicios, el país en
latente peligro. De momento el potencial peligro de lo nuclear abarca
la región.
Notas
[1]El profesor Noam Chomsky
ha manifestado de las bases que “… aunque ahora el Tribunal
Constitucional no ha concedido a Estados Unidos acceso a ellas”.
Sublevaciones Democráticas. Entrevistas con David Barsamian. Ediciones
Pasado y Presente. Barcelona 2013.Pág. 12.
[2]“Sin embargo, como
nada de esto ha ocurrido en el caso del “Acuerdo complementario para la
cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad entre los
gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de
América”, a lo que asombrosamente añade como estimación propia e
inédita: la Corte concluye que la formación de la voluntad del Estado
se hallaren un estado de apenas formación. Pag.92
[3] Esto
último en la correspondencia del Ministro de Defensa Rodrigo Rivera
Salazar al senador Jorge Enrique Robledo sin fecha. Documento de
confesión del carácter subalterno del estado colombiano.
[4]En
este sentido dicho proceder es idéntico al realizado en 1995 frente a
otra demanda de inconstitucionalidad del ‘acuerdo de Misiones de
1974’.Por medio del Auto 018/94 de la Corte Constitucional, se “dispuso
oficiar al Presidente de la República para que “realice los actos de su
competencia””. Auto 288/10.Pag. 78.
[5]Edward Schumacher-Matos. U.S.-Colombia base pact on the rocks.The Washington Post. August 27 2010.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/08/26/AR2010082604156.html
[6]
“si no subsiste el acuerdo por cualquier razón, los más antiguos
existentes nos permitirán seguir nuestra cooperación robusta y eficaz
con la administración de Santos sobre el contraterrorismo y contra las
drogas”. Schumacher-Matos. Ibídem
[7] Alberto Rojas Andrade. Ilegitimidad y Ocupación de Bases Estadounidenses en Colombia. Deslinde.
http://www.deslinde.org.co/ilegitimidad-y-Ocupación-militar.html
[8]Chalmers Johnson. Las Amenazas del Imperio. Crítica S.L. Barcelona. 2004. Pág. 173
[9]Camila Osorio. Así se cocinó el acuerdo de las bases militares, según Wikileaks. La Silla Vacía. Diciembre 22 de 2010.
http://lasillavacia.com/historia/asi-se-cocino-el-acuerdo-de-las-bases-militares-segun-wikileaks-20825
[10]Osorio. Ibídem
[11]National
Defense Authorization. Actfor Fiscal Year 2010. R e p o r t[toaccompany
s. 1390] (Ley de Apropiación de Defensa para el año fiscal 2010). 111th
Congress 1st Session Senate.Report 2009.
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/cpquery/T?&report=sr035&dbname=111&Pag. 40, 256
[12]David Bushell. Eduardo Santos y la Política del Buen Vecino. El Ancora Editores. Bogotá 1984. Pag.135
[13] Silvia Galvis, Alberto Donadio. Colombia Nazi. Planeta Editorial Colombiana S.A. Bogotá 1986. Pág.61 ss.
[14]Galvis, Donadio. Pag. 68
[15]United
States Navy. Bureau of Yard and Docks, Building The Navy Bases in World
War II (Washington D.C.: U.S. Government Printing Office, 1947 pp 2,
19, 42, 42. Galvis, Donadio. Pág. 72, 73.
[16]Carta del
subsecretario de Estado ( Murphy ) al Subsecretario de Defensa para
Asuntos de Seguridad Internacional (Hensel) Washington ], 15 de
noviembre 1954 . TOMO IV, LAS REPÚBLICAS AMERICANAS, DOCUMENTO 39.
720,5 MSP/11-1554. También habla de un Plan militar secreto George O.
Spencer en memorando de la Oficina de Asuntos Regionales de América del
Subsecretario Adjunto de Estado para Asuntos Interamericanos ( Sparks
). [Washington], 08 de diciembre 1954 .
[17]Los Enviados del Pentágono. Cambio. Julio 2 de 2009. Pág. 24 ss.
[18]Los
dueños de la Revista Cambio eran en ese momento la oligárquica familia
Santos y el grupo español Planeta; sus periodistas en jefe fueron
llamados por el progringo Juan Manuel Santos ‘idiotas útiles’. Ver
Cierre de la revista ‘Cambio’, golpe al periodismo de denuncia. La
entrevista de Cecilia Orozco.El Espectador. Febrero 6 de 2010.
http://www.elespectador.com/impreso/cuadernilloa/entrevista-de-cecilia-orozco/articuloimpreso186229-cierre-de-revista-cambio-gol
[19]Pues
eso son la Base Aérea Germán Olano Moreno de Palanquero (con especial
pista de aterrizaje),el Fuerte militar de Tolemaida en Nilo (uno de los
más grandes de Suramérica), la Base Naval ARC Bolívar en Cartagena (en
el mar Caribe), Base Aérea Alberto Pawells Rodríguez, Malambo (en el
mar Caribe); el Fuerte militar Larandia, de Florencia, (en la Amazonía,
de entrenamiento) la Base Aérea Capitán Luis Fernando Gómez Niño de
Apíay y la Base Naval ARC Málaga en Bahía Málaga(Océano Pacífico).
[20]
En el afán de ser del agrado de Washington, el Presidente Santos
anunció pomposamente la supuesta adhesión de Colombia a la OTAN, un
exabrupto inconmensurable, que le llevó a hacer el ridículo. No
obstante, firmó el Acuerdo de Cooperación e Intercambio de Información
con la OTAN de 25 de junio de 2013. Jorge Vera Castillo. Relaciones de
Colombia con la OTAN. Iberoamérica, №4, 2013, Pág. 119, 121. Este se
está ejecutando sin aprobación legislativa.
[21]La potencia
imperial parte del tratado, de manera ostensible ha estado a punto de
invadir territorio colombiano en una época tan cercana como 2003.
Martin McNamara. US considers intervention in Colombia. Washington
mulls tough response to kidnapping of CIA 'agents'. The
Guardian-TheObserver. Febrero 23 de 2003.
http://www.theguardian.com/world/2003/feb/23/colombia.usa
[22]National Defense Authorization. Pag. 40, 256
[23]Susana Pimiento, John Lindsay-Poland. U.S. Base Deal for Colombia: Back to the Status Quo. October 8, 2010
http://fpif.org/us_base_deal_for_colombia_back_to_the_status_quo/
[24]
Juanita León. La decisión de la Corte de tumbar el Acuerdo de las Bases
podría arruinar la 'luna de miel' con Chávez. La Silla Vacía. Agosto 18
de 2010.
http://lasillavacia.com/historia/17435
[25]Pimiento,
Lindsay-Poland. Gobiernos ‘antiamericanos’ un epíteto por entero errado
gramatical y políticamente, serían Venezuela y Bolivia y potencialmente
Ecuador, Brasil o Argentina.
[26] Rivera Salazar. Ibídem
[27]Tenemos
el caso emblemático de la grave afectación al ambiente y sus habitantes
en la isla japonesa de Okinawa, pero así mismo ello es notable en otras
bases en Italia o Tailandia. Chalmers Johnson. Blowback. Editorial
Laetoli. Navarra 2004. Pág. 35, 71, 257
[28]Allí se ocurrieron
unos tres cientos hechos delictivos e ilegales perpetrados por
militares gringos (homicidios, lesiones personales retenciones, robos,
etc.), los cuales quedaron en la impunidad. Cambio Número 385. Julio 2
de 2009.Pág. 26
[29]Hugh O'Shaughnessy. US builds up its bases
in oil-rich South America. From the Caribbean to Brazil, political
opposition to US plans for 'full-spectrum operations' is escalating
rapidly. The Independent. November 22 2009.
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-builds-up-its-bases-in-oilrich-south-america-1825398.html
[30]
Seguramente del tipo de los bombarderos Boeing B-52 Stratofortress, el
Rockwell B-1 Lancer o incluso el costosísimo Northrop Grumman B-2
Spirit.
[31]“… Estados Unidos puede volverse irracional y
vengativo si sus intereses vitales son atacados debe ser parte esencial
de la imagen nacional que proyectamos a todos los adversarios.”Comando
Estratégico de EE.UU. 1995. Cita de Noam Chomsky. Seguridad y Política
de Estado (y II). Las perspectivas de supervivencia. La Jornada. Abril
13 de 2014.
http://www.jornada.unam.mx/2014/04/13/index.php?section=mundo&article=022a1mun
[32]
Martin Dempsey. Jefe de la Junta de Comandantes de EE.UU. The Atlantic
Council, 14 de mayo de 2014. Citado por Alfredo Jalife-Rahme. La
Ecuación «2, 2, 2, 1» del Pentágono reconoce a Rusia y China como pesos
pesados. Red Voltaire. Mayo 27 de 2014
http://www.voltairenet.org/auteur120333.html?lang=es
[33]Chomsky. Seguridad y Política de Estado… Ibídem.
[34]
Pudiendo librar al ambiente plutonio y demás. La seguridad perfecta es
imposible y accidentes ocurrirán. Justamente ello ocurrió con gravedad
en una base de la Fuerza Aérea de los EE.UU. en Arkansas en 1980. Ver
al respecto: Eric Schlosser. Command and control: nuclear weapons, the
Damascus accident, and the illusion of safety (Comando y control: armas
nucleares, el accidente de Damasco y la ilusión de seguridad). Penguin
Press, 2013; toda una historia oculta del manejo de las armas nucleares
de Estados Unidos.
[35]O'Shaughnessy. Ibídem.
[36]Este
programa de guerra pentagonal en proceso de desarrollo denominado
Ataque Global Rápido (PGS en inglés) permitiría crear un sistema de
armas ofensivas capaz de atacar a cualquier punto de la Tierra en un
margen de 30 minutos después de la toma de esa decisión. Rick Rozoff
Ataque Inmediato Global: la superioridad militar mundial sin armas
nucleares. Abril 20 2010
http://rickrozoff.wordpress.com/2010/04/16/ataque-inmediato-global-la-superioridad-militar-mundial-sin-armas-nucleares/
[37]El
artículo primero proscribe: “B- el recibo almacenamiento, instalación,
emplazamiento o cualquier forma de posesión de toda arma nuclear
directa o indirectamente, por si misma, por mandato de terceros o de
cualquier otro modo…“y el tercero reza que“Para todos los efectos del
presente tratado, deberá entenderse que el término “territorio” incluye
el mar territorial, el espacio aéreo y cualquier otro ámbito sobre el
cual el estado ejerza soberanía, de acuerdo a su propia legislación.”
Tratado de Tlatelolco. Para la proscripción de las armas nucleares en
América Latina. Antecedentes y proceso de aprobación. Dirección de
Registro y Publicación del Senado. México 1967. Pág. 37, 38. (subrayado
nuestro)
[38] Rick Stauber, experto contratado por el
Departamento de Defensa hizo la denuncia de la existencia de rastros de
uranio empobrecido y armas químicas. Kinto Lucas. Plan Colombia: Paz
Armada. Editorial Planeta Ecuador. Quito 2000. Pág. 106.
[39]El
gobierno de Estados Unidos confirmó el lunes que la base militar de
Soto Cano (Palmerola) en Honduras, sede de un contingente de más de 800
oficiales y soldados norteamericanos, fue utilizada para expulsar de su
país al presidente Manuel Zelaya.”Tercera Información. Agosto 19 de
2009.
http://www.tercerainformacion.es/?EEUU-admite-que-golpistas-usaron
[40]
“Al final de agosto, el encumbrado burócrata del Pentágono de George W.
Bush para América Latina entre el 2007 y 2009, Stephen Johnson, publicó
algunas observaciones determinantes en la Política exterior de EE.UU.
Recomendó "incluir nuevos métodos en el Pentágono. “Nosotros podríamos
en vez de tener que seguir rastreando aviones visibles antiguos de años
1950 usados aún, organizar posiciones flexibles que usan plataformas
más pequeñas, menos sensibles… Con la ayuda del Congreso, podríamos
poner al día nuestra tecnología para hacer más rastreos de barcos o
posiciones remotas en el radar. Estos pasos podrían ayudar a reducir
nuestra huella militar, minimizando la necesidad del mantenimiento de
instalaciones y la realización de acuerdos para las fuerzas que toman
siempre tiempo para negociarse, creando dolores de cabeza en países
amigos”. Pimiento, Lindsay-Poland.Ibídem.
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