Extracción de recursos naturales contra derechos de los indígenas y el medioambiente
Cuando me senté temprano por la mañana para una entrevista con Evo
Morales hace más de una década en Cochabamba, Bolivia, el entonces
líder de los cocaleros y congresista disidente bebía jugo de naranjas
recién exprimido e ignoraba los constantes timbrazos del teléfono fijo
en su oficina del sindicato. Unas pocas semanas antes de nuestra
reunión, un movimiento social a escala nacional exigió que las reservas
de gas natural de Bolivia fueran colocadas bajo control estatal. Las
mentes de todos estaban fijas en cómo la riqueza subterránea pudiera
beneficiar a la mayoría pobre sobre la tierra.
En la medida
en que sus ambiciones políticas se preocupaban en términos del gas
natural boliviano, Morales quería que los recursos naturales
“construyeran un instrumento político de liberación y unidad para
Latinoamérica”. Era ampliamente considerado como un candidato popular a
la presidencia, y era obvio que la política indigenista que quería
movilizar como dirigente estaba vinculada a una visión en la que
Bolivia recuperaría su riqueza natural para el desarrollo nacional.
“Nosotros, el pueblo indígena, después de 500 años de resistencia,
estamos recuperando el poder. Esta recuperación del poder se orienta
hacia la recuperación de nuestras propias riquezas, nuestros propios
recursos naturales.” Eso fue en 2003. Dos años después fue elegido el
primer presidente indígena de Bolivia.
Pasemos rápidamente a
marzo de este año. Era una asoleada mañana de un sábado en el centro de
La Paz, y los vendedores callejeros estaban colocando sus puestos para
el día junto a una banda de rock que organizaba un pequeño concierto en
una acera peatonal. Estaba reunido con Mama Nilda Rojas, dirigente del
grupo indígena disidente CONAMAP, una confederación de comunidades
aimara y quechua en el país. Rojas, junto a sus colegas y familia,
había sido perseguida por el gobierno de Morales en parte por su
activismo contra las industrias extractivas. “Están resistiendo los
territorios indígenas,” explica Rojas, “porque como decía el libro
Las venas abiertas de América Latina,
siguen pues abiertas, siguen desangrando, sigue sangrando la tierra,
las venas de América Latina y esa sangre que se está derramando se la
están llevando todos los extractivistas.”
Mientras Morales
veía la riqueza bajo tierra como un instrumento de liberación, Rojas
veía al presidente como alguien quien seguía adelante con las
industrias extractivas –en la minería, las operaciones de petróleo y
gas– sin preocuparse por la destrucción medioambiental y el
desplazamiento de comunidades rurales que dejaban tras de sí.
¿Cómo podían Morales y Rojas tener ideas tan contrarias? Parte de la
respuesta reside en los amplios conflictos entre la política de
extractivismo entre países dirigidos por gobiernos izquierdistas en
Latinoamérica, y la política de Pachamama (Madre Tierra), y cómo
movimientos indígenas han resistido el extractivismo en defensa de sus
derechos, su tierra y el medio ambiente.
Desde principios de
los años 2000 una ola de presidentes izquierdistas fueron elegidos en
Latinoamérica con plataformas que incluían el uso de la vasta riqueza
en recursos naturales de la región para financiar programas sociales,
expandir el acceso a la atención sanitaria y la educación, redistribuir
la riqueza, empoderar a los trabajadores, combatir la pobreza, y
edificar la soberanía económica nacional.
Dentro de este
cambio, el Estado, en lugar de la esfera privada, ha tomado un mayor
papel en la extracción para beneficiar a la sociedad más amplia, en
lugar de simplemente llenar los bolsillos de unos pocos directores
ejecutivos de corporaciones multinacionales, como había sido la norma
bajo gobiernos neoliberales. Los costes ecológicos y sociales de la
extracción siguen estando presentes, pero con una diferente visión
económica. “Las actividades extractivas y la exportación de materias
primas continúa como antes, pero ahora son justificadas con un discurso
progresista”, explica el periodista ecologista Carmelo Ruiz-Marrero.
Aunque muchas economías y muchos ciudadanos se han beneficiado de la
mayor participación del Estado en la extracción de esos recursos, el
extractivismo bajo gobiernos progresistas, como había sido bajo el
neoliberalismo, sigue desplazando comunidades rurales, envenena fuentes
hídricas, mata el suelo, y debilita la autonomía territorial indígena.
Como escribe la socióloga argentina Maristella Svampa, “La práctica y
las políticas del progresivismo (latinoamericano) corresponden en
última instancia a una idea convencional y hegemónica del desarrollo
basada en la idea de infinito progreso y de recursos naturales
supuestamente inagotables.” Alentada por el discurso progresista y el
mandato de la izquierda latinoamericana, esta tendencia extractiva ha
producido resultados alarmantes en toda la región.
Después de
la crisis argentina de 2001-2002, las presidencias de Néstor y Cristina
Kirchner han trabajado exitosamente para rehabilitar la economía de
Argentina, empoderar a los trabajadores, y aplicar una política
económica progresista para reforzar la soberanía del país; después de
años de neoliberalismo, en los cuales los servicios públicos y empresas
de propiedad estatal fueron privatizadas, los Kirchner han colocado
varias industrias bajo control estatal, y utilizado nuevos ingresos del
gobierno para financiar programas sociales y hacer que el país esté
menos endeudado a prestamistas y corporaciones internacionales.
Como parte de este cambio, en 2012, el Estado argentino obtuvo el 51%
del control de la compañía de hidrocarburos YPF, que fue privatizada en
los años noventa. El año pasado, sin embargo, YPF de Argentina firmó un
acuerdo con Chevron para expandir la fracturación de gas natural en el
país, operaciones que tendrán lugar en territorio indígena mapuche.
Como reacción, comunidades indígenas que serán afectadas por la
fracturación tomaron cuatro instalaciones de perforación de YPF. “No
solo están tomando la tierra, explicó Lautaro Nahuel, de la
Confederación Mapuche de Neuquén, a
Earth Island Journal. “Toda
la vida natural en este región esta interconectada. Aquí, afectarán el
río Neuquén, que es el río del que bebemos”. Protestas contra los
planes de fracturación de YPF-Chevron tienen lugar en el país.
El presidente uruguayo José "Pepe" Mujica, quien recientemente ha
recibido atención internacional por la legalización por su gobierno de
la marihuana, el aborto y los matrimonios del mismo sexo, y su oferta
de recibir a detenidos liberados de Guantánamo, se orienta hacia un
acuerdo con el grupo minero anglo-suizo Zamin Ferrous para una gran
operación minera a cielo abierto que involucraría la extracción de 18
millones de toneladas de hierro del país durante los próximos 12-15
años. Aparte de la operación minera en sí, el plan incluye la
construcción de conductos para transportar el mineral del interior a la
costa atlántica del país. Críticos han señalado que el plan causaría
estragos en la biodiversidad de la región y desplazaría a agricultores
locales. Como respuesta a los planes, existe actualmente un movimiento
nacional a fin de organizar un referéndum para prohibir la minería a
cielo abierto en Uruguay.
Aunque el presidente de Brasil,
Luiz Lula da Silva y su sucesora Dilma Rousseff, ambos del Partido de
los Trabajadores, han ayudado a expandir la clase media en el país, e
iniciado exitosos programas sociales orientados a eliminar la pobreza y
el hambre, sus administraciones también han presidido sobre una
economía de extractivismo que no deja sitio para las preocupaciones de
los pequeños agricultores o del medio ambiente. Brasil tiene la mayor
industria minera de la región: en 2011 extrajo más del doble de la
cantidad de minerales que todos los demás países suramericanos
combinados, y es el mayor productor de soya del mundo, un cultivo OGM
que se expande rápidamente en el continente con una mezcla de letales
pesticidas que están matando el suelo, envenenando fuentes hídricas, y
desplazando a los pequeños agricultores del campo hacia los tugurios
urbanos de Latinoamérica.
El presidente ecuatoriano Rafael
Correa ha defendido a las mil maravillas el medioambiente en su país,
mediante la aprobación de una constitución en 2008 que otorgó derechos
a la naturaleza, y el inicio de una iniciativa en 2007 para mantener
bajo tierra el petróleo en el Parque Nacional Yasuní de Ecuador. A
cambio de no perforar en busca de petróleo en esa área rica en
biodiversidad, el plan solicitó que donantes internacionales
contribuyeran 3.600 millones de dólares (la mitad del valor del
petróleo) al Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas para
programas globales de atención sanitaria, educación y otras áreas. En
agosto pasado, con donaciones de solo 13 millones de dólares, y
promesas de otros 116 millones, Correa anunció que la iniciativa había
fracasado, y que la extracción de petróleo comenzará en Yasuní. En un
discurso televisado, el presidente dijo: “El mundo nos ha fallado”.
Sin embargo, mientras Correa habló correctamente de las obligaciones de
las naciones más ricas de contribuir a solucionar los dilemas de la
crisis climática global, dentro del país expandió la industria minera y
criminalizó a movimientos indígenas que protestaron contra industrias
extractivas en sus territorios. Bajo su administración, numerosos
dirigentes indígenas que organizaban contra la minería, las medidas de
privatización del agua, y la extracción de hidrocarburos han sido
encarcelados por su activismo.
La criminalización de
activistas indígenas que luchaban contra la minería en Perú también se
ha convertido en la norma en esa nación rica en minerales. Bajo la
presidencia de Ollanta Humala, la minería ha prosperado, y con ella lo
han hecho los conflictos en los que comunidades locales luchan por
defender los derechos a tierra y agua.
En Bolivia, el
presidente Evo Morales ha hablado ampliamente de respetar la Pachamama,
luchar contra la crisis climática del mundo, y utilizar filosofías
indígenas como “Buen Vivir” para vivir en armonía con la tierra. Su
gobierno ha promulgado políticas progresistas en términos de crear más
ingresos para el gobierno mediante la administración estatal de la
extracción de recursos naturales, y utilizar esos ingresos para
aumentos de salarios, programas sociales nacionales en atención
sanitaria, pensiones, educación y desarrollo de infraestructura. El
gobierno de Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), ya
han llevado a cabo cambios constitucionales y leyes que protegen el
medio ambiente, empoderan comunidades indígenas, y convierten en un
derecho el acceso a los servicios y recursos básicos. Sin embargo, la
retórica y la promesa de muchos de esos cambios contradicen la manera
cómo las políticas del MAS se han realizado en la práctica.
El gobierno ha propugnado un plan para construir una gran carretera a
través del territorio indígena y parque nacional TIPNIS. Protestas
contra los planes del gobierno impulsaron un movimiento por los
derechos indígenas y la protección del medioambiente. Como reacción, el
gobierno desató una brutal represión contra familias que marchaban en
protesta por la carretera en 2011. La violencia gubernamental causó 70
heridos; las víctimas y sus familias y aliados siguen buscando
justicia.
Recientemente, la promesa del MAS de respetar la
Madre Tierra y los derechos indígenas y de los pequeños agricultores
entró en conflicto con otro de sus planes; la Ley de Minería, que fue
aprobada por el congreso controlado por el MAS a fines de marzo, e iba
en camino al Senado, cuando protestas contra la ley obligaron al
gobierno a suspender su aprobación hasta tener más comentarios de los
críticos. Aunque grupos mineros cooperativistas privados, notorios por
su falta de preocupación por el medioambiente y las comunidades locales
afectadas por la minería, protestaron contra la ley porque no les
otorgaba el derecho a vender sus recursos a entidades extranjeras y
privadas sin suficiente supervisión gubernamental, otros grupos con
demandas diferentes han presentado sus críticas. Separados de los
mineros cooperativistas, esos críticos del movimiento de agricultores e
indígenas están más preocupados por temas como el acceso al agua y el
derecho a protestar.
La Ley de Minería da a la industria
minera el derecho a utilizar agua pública para su operación tóxica y
con uso intensivo de agua, mientras hace caso omiso de los derechos a
la misma agua de comunidades rurales y agrícolas. Además, la ley
criminaliza la protesta contra operaciones mineras, dejando a las
comunidades que llevarían la carga principal de la contaminación y el
desplazamiento causado por la industria sin ningún recurso legal para
defender sus casas. Como reacción a la ley, una cantidad de
organizaciones indígenas y de pequeños agricultores han salido a las
calles para protestar.
Hablé con la dirigente indígena de
CONAMAQ Mama Nilda Rojas sobre su punto de vista respecto a la Ley
Minera. “El gobierno [de Morales] decía, ‘yo voy gobernar haciendo caso
a las bases, las leyes van a salir de abajo hacia arriba’, pero ahhh,
lamentablemente no es así en el caso de la Ley Minera” dijo Rojas. “La
Ley Minera … es una ley que va en contra de la misma Constitución
Política del Estado y ya nos criminaliza el derecho a la protesta, ya
no vamos a poder bloquear, no vamos a poder marchar, [contra la
minería],” explica Rojas. “Bueno sabemos que siempre con las marchas,
con los bloqueos, el mismo Evo Morales era uno de los que marchaba,
bloqueaba, entonces ¿cómo se nos puede coartar ese derecho a la
protesta?”
““Lamentablemente este gobierno da su falso
discurso político a nivel internacional, que defiende a la Pachamama,
que defiende a la Madre Tierra, pero es una real mentira,” explica
Rojas.
Mientras tanto, fuera de Latinoamérica, gobiernos,
activistas, y movimientos sociales miran hacia sitios como Bolivia y
Ecuador como ejemplos de superación del capitalismo y de oposición al
cambio climático. El modelo de Yasuní, y del respeto de los derechos de
la naturaleza puede y debe tener impacto fuera de esos países, y las
naciones más ricas y sus consumidores e industrias basadas en el norte
global tienen que asumir responsabilidades en cuanto a enfrentar los
desafíos de la crisis climática.
De muchas maneras, gran
parte de la izquierda de Latinoamérica representa considerables mejoras
respecto a sus predecesores neoliberales, y ha ayudado a forjar un
camino excitante hacia alternativas que han servido de inspiración en
todo el mundo. En general, han sacado a países de la sombra del Fondo
Monetario Internacional y de dictaduras respaldadas por EE.UU., y hacia
una posición de autodeterminación. Pensando en esas nuevas direcciones,
es de esperar que la derecha neoliberal no recupere el poder en un
futuro previsible, y que Washington no pueda intervenir aún más en una
Latinoamérica crecientemente independiente.
Sin embargo
mientras la marcha hacia el progresa continúa en muchas formas, y los
años electorales van y vienen, los perdedores de la nueva izquierda de
Latinoamérica son a menudo los mismos que antes – las comunidades
rurales desposeídas y movimientos indígenas que ayudaron a allanar el
camino a esas elecciones presidenciales para comenzar. En nombre del
progreso, Madre Tierra, Buen Vivir, y el socialismo del Siglo XXI, esos
gobiernos están ayudando a envenenar ríos y la tierra, y desplazar,
encarcelar y matar a activistas contra la extracción. La solidaridad
que no considere esta contradicción puede perjudicar a diversos
movimientos en la base que luchan por un mundo mejor.
Si ha
de tener éxito un modelo alternativo que coloque verdaderamente la
calidad de la vida y el respeto por el entorno por sobre el aumento del
producto interno bruto y la expansión del consumismo, que coloque la
sustentabilidad por sobre la dependencia de la extracción de materias
primas finitas, que coloque los derechos de la agricultura en pequeña
escala y la autonomía territorial indígena por sobre la minería y las
compañías productoras de soya, es probable que provenga de esos
movimientos en la base. Si este modelo ha de transformar las tendencias
progresistas más amplias de la región, esos espacios de disenso y
debate en movimientos indígenas, ecológicos y de agricultores tienen
que ser respetados y ampliados, no aplastados y silenciados.
“Estamos siempre ahí de pie, manifestándonos contra el extractivismo,” dice Rojas. “La Madre Tierra ya está cansada.”
Benjamin
Dangl ha trabajado como periodista en toda Latinoamérica, cubriendo
movimientos sociales y la política en la región durante más de una
década. Es autor de los libros Dancing with Dynamite: Social Movements
and States in Latin America y The Price of Fire: Resource Wars and
Social Movements in Bolivia. Actualmente es estudiante de doctorado de
Historia Latinoamericana en la Universidad McGill y edita
UpsideDownWorld.org, una web sobre activismo y política en
Latinoamérica y TowardFreedom.com, una perspectiva progresista sobre
eventos mundiales. Correo electrónico: BenDangl@gmail.com.
Fuente:
http://upsidedownworld.org/main/international-archives-60/4816-the-politics-of-pachamama-natural-resource-extraction-vs-indigenous-rights-and-the-environment-in-latin-america
Beijing
(PL) La recién concluida gira latinoamericana del ministro de
Relaciones Exteriores, Wang Yi, confirmó el camino de profundización de
las relaciones de cooperación de China con los países de América Latina
y el Caribe, que sostendrán este año su primer foro conjunto.
Asunción,
30 abr (PL) El zunzuneo anticubano revela el temor y la preocupación de
Estados Unidos por la vigencia del ejemplo de Cuba para todo el mundo,
afirmó la diputada paraguaya Karina Rodríguez.
