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miércoles, 13 de abril de 2011

Pro migrantes toman a Utah como ejemplo

Salt Lake City.- Defensores de una reforma liberal de inmigración ejemplifican al estado de Utah, EE. UU., como un ejemplo compasivo y coherente para dar forma a las políticas futuras de la nación respecto de los indocumentados.



El Gobierno, las autoridades educativas, los empresarios y los grupos religiosos de Utah se unieron en el último trimestre del 2010 para redactar una serie de principios rectores del debate sobre inmigración en ese estado. Esos parámetros, conocidos como Utah Compact, reconocen que los indocumentados hacen una tarea esencial para la economía y merecen respeto.
Estas recomendaciones son consideradas uno de los factores que ayudaron a aprobar una reforma migratoria el mes recién pasado en la legislatura de Utah, que incluyó cláusulas sobre seguridad y un programa de trabajadores extranjeros huéspedes.
“El liderazgo de Utah a través sus parámetros cambió el debate en el país”, dijo Alí Noorani, director ejecutivo de la organización Foro Nacional sobre Inmigración. Está claro que la iniciativa “Utah Compact tuvo resonancia con la enorme mayoría que quiere una reforma ”, agregó.
Los opositores argumentaron que este tipo de iniciativas llevaría a programas de amnistía que benefician solo a las grandes empresas y advierten que podría llevar a una mayor inmigración ilegal.
“Intentan crear la ilusión de un apoyo popular para esta amnistía”, citó William Gheen, el director ejecutivo de la organización Estadounidenses Por la Inmigración Legal. “Pero en realidad ocurre lo contrario, la mayoría de la gente solo quiere que se aplique más la ley”, añadió.
Adoptan otras versiones
Grupos dirigidos por organizaciones religiosas y líderes empresariales en otros estados comenzaron a adoptar sus propias versiones de la iniciativa de Utah. La mayoría adoptan el lenguaje del estado que impulsa la unión familiar y pide compasión a las autoridades encargadas de la seguridad.
El fin es evitar propuestas de ley conflictivas como la que fue aprobada en Arizona en el 2010, que desató una ola de impugnaciones sobre sus cláusulas racistas.

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