Brasilia, 10 abr (PL) Medidas económicas y programas femeninos destacan en los primeros 100 días de gobierno de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, con una política externa como principal diferencia con su antecesor y padrino político Luiz Inácio Lula da Silva.
Electa e investida como la primera mujer presidenta de la historia de Brasil, en el breve tiempo que constituyen 100 días, Rousseff le ha impreso un sello propio al Palacio de Planalto con el inicio del cumplimiento de sus promesas de campaña, centradas en la erradicación de la pobreza y los programas para las mujeres.
En ese lapso, la mandataria también ha tenido que adoptar duras medidas económicas, tales como la reducción del presupuesto anual en 50 mil millones de reales, unos 30 mil millones de dólares, y no ceder a las presiones sindicales para elevar el salario mínimo por encima de la propuesta oficial de 545 reales, unos 320 dólares.
Precisamente, esa iniciativa legal constituyó su primera prueba de fuego en el Congreso Nacional, donde los partidos de la base aliada al gobierno tienen amplia mayoría, pero con criterios diferentes sobre algunas políticas o posturas que debería asumir el gobierno ante determinados asuntos, como el salario mínimo.
Rousseff salió por la puerta ancha al conseguir la aprobación no sólo de la propuesta de sueldo mínimo presentada por su gobierno, sino, y tal vez lo más relevante, que a partir del año entrante, el salario mínimo será por decreto y sobre la base de una regla acordada con los sindicatos.
La mandataria, calificada como más pragmática que su antecesor, ha cumplido también con su promesa electoral de mantener la inflación bajo control, donde ha radicado tal vez la mayor dificultad interna por el elevado calentamiento de la economía brasileña y la indetenible devaluación del dólar frente al real.
De otra parte, las celebraciones del Día Internacional de la Mujer, que el gobierno decidió extender a todo el mes de marzo, permitieron a Rouseeff anunciar una serie de programas destinados a las féminas.
Desde planes sanitarios, construcción de guarderías y centros educativos infantiles, la ratificación del combate a la violencia de género,hasta una exposición de obras de afamadas artistas locales y una muestra de cine femenino, estuvieron en la lista de acciones para favorecer a las brasileñas.
Tal vez el más destacado sea el Programa de Fortalecimiento de la Red de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del cáncer de mama y de cuello de útero, dos de los que más afectan a las mujeres, y para el cual el gobierno destinó unos cuatro mil 500 millones de reales, unos dos mil 650 millones de dólares, de aquí hasta 2014.
A nivel interno, su estilo propio de gobernar le ganó en estos primeros días de mandato loas hasta de sus adversarios políticos, quienes en realidad están aún tratando de recuperarse de su sonada derrota en las urnas.
Con niveles de popularidad y aceptación similares a los de su padrino político -el más carismático de los mandatarios brasileños-, Rousseff ha seguido hasta ahora los objetivos esenciales de los programas sociales y económicos internos iniciados en el gobierno Lula (2003-2010), centrados en la erradicación de la pobreza.
Pero es en el plano internacional donde analistas y expertos ven hasta ahora la más notoria diferencia con la era Lula, demostrada en al menos una ocasión: la de votar a favor de enviar un relator especial de las Naciones Unidas para investigar supuestas violaciones de los derechos humanos en Irán.
Tal vez esa postura esté en correspondencia con la prioridad que el gobierno Rousseff concede al respeto a los derechos humanos, pero ese tema es sumamente manipulado por las grandes potencias occidentales para justificar incluso la actual agresión militar contra Libia o tratar de condenar a naciones que no se somenten a dictados de Washington o la Unión Europea.
Tan cerca como la semana anterior, Brasil también fue víctima del tema, con la crítica del Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe anual sobre la situación de las libertades individuales en el mundo, al punto que mereció una respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En el mencionado reporte, Washington afirma que en 2010 la policía y otras autoridades brasileñas cometieron, entre otros, abusos, torturas, maltratos a presos, trabajo forzado y empleo de menores en la economía informal. Asimismo, exalta que frecuentemente los responsables de esos actos gozan de inmunidad.
A ello, Brasil respondió que "no se pronuncia sobre el contenido de informes elaborados unilateralmente por países, con base en legislaciones y criterios domésticos por los cuales tales países se atribuyen posición de evaluadores de la situación de los derechos humanos en el mundo".
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