La información sobre el apresamiento de los presuntos cómplices en esa cadena de asesinatos de más de 125 personas en el municipio tamaulipeco de San Fernando fue proporcionada a última hora por la Procuraduría General de la República (PGR).
La versión oficial indica que esos agentes municipales del orden protegían a la banda de Los Zetas, a la cual se le acusa de los asesinatos y enterramientos clandestinos, que en los últimos dos días fueron descubiertos además en Los Mochis, en el cercano estado de Sinaloa.
La propia PGR comunicó que para dar con el paradero de los principales responsables de esas masacres se dispuso incluso de una recompensa equivalente a casi cuatro millones de dólares, que le serán entregadosa quienes aporten información útil para su detención.
En tal sentido fueron dados a conocer los nombres de Salvador Alfonso Martínez Escobedo, Omar Martínez Estrada, Román Ricardo Palomo Rincones y Sarahí Fabiola Díaz Arroyo, quienes se presume fueron los cabecillas de esos hechos de sangre múltiples.
Mientras tanto, desde la ciudad de Matamoros se reportó el traslado de varias decenas de cuerpos encontrados en las narcofosas para su identificación en el servicio forense de la demarcación, que se afirma ya se encuentra superado en cuanto a sus capacidades.
Después de tres días en los que se ubicaron diversas fosas clandestina sucesivas en esa zona de Tamaulipas, una última con 10 cadaveres, la víspera se reportó que fueron abatidos cuatro sicarios en enfrentamientos con soldados, quienes mantienen tomado militarmente el municipio de San Fernando.
Versiones de prensa llegadas de Ciudad Victoria, la capital de aquel estado, sostienen que muchos de los cuerpos sin vida localizados en aquella región podrían ser de pasajeros de dos autobuses de una compañía local, próxima la frontera de Estados Unidos, quienes en semanas atrás habían desaparecido.
Las propias fuentes sostienen que los carteles de la droga, en complicidad con policías y agentes de inmigración, han convertido en un negocio lucrativo el secuestro de emigrantes, a quienes ejecutan cuando no pueden pagar el traslado a la frontera norte o se niegan a cooperar con las bandas delictivas.
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