El Faro
elfaro.net / Publicado el 4 de Abril de 2011
La Cancillería de El Salvador reveló este lunes que logró documentar los casos de 250 migrantes salvadoreños que fueron víctimas de graves abusos o delitos en territorio de México durante el año pasado, y detalló que en algunos de estos casos los responsables fueron autoridades mexicanas.
La mayoría de las personas sufrieron los ataques en casos de victimización colectiva, y el delito de secuestro afectó a una quinta parte de los migrantes, determinó el informe elaborado a partir de datos recabados por los consulados salvadoreños en México.
"La red consular de El Salvador en México y la Dirección General de Derechos Humanos de la Cancillería salvadoreña registraron durante el 2010 violaciones a los derechos humanos y delitos graves contra 250 personas migrantes de nacionalidad salvadoreña. Estas personas fueron víctimas de diferentes tipos de violaciones a sus derechos humanos con la presunta responsabilidad de autoridades mexicanas, o la vulneración de sus derechos fundamentales por delitos graves cometidos por presuntos miembros del crimen organizado y/o de la delincuencia común", dice un comunicado de Cancillería en el que da cuenta de los resultados del estudio.
El comunicado no detalla casos específicos, pero en 2010 acaparó la atención de los medios de comunicación el asesinato de 72 migrantes -la mayoría de ellos centroamericanos- en la norteña Tamaulipas, a manos del grupo de sicariato Los Zetas. Estas personas habían sido privadas de libertad y fueron llevadas a un edificio abandonado presuntamente porque quienes las guiaban no habían pagado el "peaje" que Los Zetas cobran a los coyotes en su traslado de indocumentados por territorio mexicano.
"Del total de las 250 víctimas, 152 fueron registradas en 28 casos colectivos de violaciones a los derechos humanos y de delitos graves; en tanto, 98 personas fueron registradas como víctimas en casos individuales", dice el documento.
La mayoría de las víctimas cuyos casos están recogidos en el informe son hombres: 196. Las otras son 54 mujeres y 18 menores de edad.
Los gobiernos de El Salvador y México están intentando acordar medidas eficaces contra las redes de crimen organizado y las autoridades mexicanas que se dedican a atacar a los indocumentados. Son muchos los casos en que se ha documentado la relación o complicidad entre narcotraficantes o redes de tráfico de personas y funcionarios de prácticamente cuanta institución gubernamental tiene relación con las tareas de seguridad pública y migración en el país norteamericano.
La participación de funcionarios ha sido tal que el Instituto Nacional de Migración ha advertido públicamente que todo empleado del INM que sea sorprendido en violaciones a los derechos humanos de los migrantes será despedido inmediatamente.
El Faro reveló entre 2008 y 2009 en su sección En el camino la frecuente participación de autoridades mexicanas en los abusos y extorsiones a los migrantes centroamericanos en su paso por México en ruta hacia Estados Unidos. El gobierno mexicano, sin embargo, hasta la masacre de Tamaulipas, en agosto, se resistía a admitir con franqueza y contundencia el involucramiento sistemático de personal de instituciones gubernamentales en la comisión de delitos.
El informe de Cancillería deja claro que entre los casos documentados y la realidad hay una gran distancia, pues aunque hay precisión sobre los abusos contra 250 migrantes salvadoreños, la red de consulados encontró otros casos de violaciones colectivas a los derechos humanos en los que o no se pudo determinar la nacionalidad de las víctimas, pero se presume que había algunas de El Salvador.
Estos casos que producen ya un subregistro oficial son 39. De ellos, 23 involucraron a mil 465 víctimas aunque no fue posible determinar sus nacionalidades, y en los otros 16 no se pudo establecer una estimación del número de personas abusadas ni su origen.
Cancillería admite la limitación de los datos y recuerda que esto responde a que la red de consulados funciona particularmente en el sur de México.
El boletín no precisa si el gobierno salvadoreño hizo llegar esta información al gobierno de México.
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