Familiares de los cuatro líderes mapuche condenados en Chile solicitaron en carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Milton Juica, la anulación del proceso judicial por el que fueron encausados los indígenas.En representación de los comuneros, los demandantes pidieron a Juica la realización de un nuevo juicio, con un tribunal independiente, competente e imparcial y sin la aplicación de la criticada ley antiterrorista, instrumento jurídico que data del régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
Explicaron en la misiva que la injusticia sufrida por Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical los hizo retomar la huelga de hambre, medida a la que ya habían acudido el pasado año en reclamo del respeto a sus derechos humanos y en contra de la aplicación en sus causas de la referida norma.
Ellos formaron parte del grupo de 34 mapuches que estuvieron más de 80 días de ayuno para exigir que no se les aplicara la ley antiterrorista y tener la posibilidad de un juicio justo, subrayaron los familiares de los dirigentes mapuche.
Acotaron que, pese al compromiso del Gobierno de retirar las querellas por la citada ley, se les aplicó dicha normativa por parte del Ministerio Público y se apeló al cuestionado uso de los testigos secretos.
Calificaron de alarmante que el tribunal que condenó a los comuneros considerara en su sentencia el “testimonio de oídas” de un policía, quien aludió a una declaración de uno de los inculpados, que luego se comprobó fue obtenida bajo torturas, en la cual consta certificación médica de las lesiones producidas.
Los familiares de Llaitul y sus compañeros estimaron además que la mayor aberración jurídica fue el doble juzgamiento, civil y militar, al que fueron sometidos los líderes de la Coordinadora Arauco Malleco.
En la nota dirigida a la máxima instancia judicial, los representantes de los pueblos originarios indicaron que el Estado chileno arriesga una condena internacional por la violación de los derechos humanos de los dirigentes y miembros del pueblo mapuche.
La condena a permanecer en prisión por un cuarto de siglo por haber supuestamente participado en un atentado a un fiscal chileno en 2008 ha sido interpretada por organizaciones indígenas y fuerzas de la izquierda chilena como signo de la histórica persecución contra la lucha del pueblo mapuche por recuperar sus tierras.
Prensa Latina
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