La sociedad de este país le sirve, una y otra vez, de fiadora a los partidos políticos. Por ello, su fiscalización permanente y el financiamiento de las campañas electorales no son temas secundarios, sino asuntos vertebrales para repensar el futuro de Guatemala. En un contexto donde el dinero manda, reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) tendría que partir de allí, porque el ejercicio del poder de los sucesivos gobiernos que hemos padecido en Guatemala está directamente asociado a sus compromisos de pago con quienes patrocinan sus campañas.
La clase política del país ha empeñado nuestro futuro gracias a las turbias y secretas complicidades que ha establecido con sus patrocinadores en distintos sectores. Y es que estos van desde narcotraficantes hasta dueños del gran capital, pasando por influyentes señores de la comunicación, entre otros. Dan-darán suenan las campanas. Y al final, la sociedad en su conjunto termina pagando a plazos las deudas ajenas. Saber quiénes patrocinan a los partidos, qué y cuánto les dan, no responde a una vulgar necesidad de ejercer la rumorología, sino a la obligación de refundar el Estado guatemalteco.
Todos los gastos de los partidos políticos, pero en especial los relacionados con campañas y procesos electorales, deberían de transparentarse. Sobre todo ahora que la clase política enfrenta tres graves problemas: su propia inmadurez y subdesarrollo, el descrédito que se cierne con justicia sobre ella hasta generar altos índices de abstencionismo, y la presencia del narcotráfico en el financiamiento de los partidos. Esto habla de una profunda crisis que afecta a la democracia y la gobernabilidad.
Nuestros partidos pueden acceder a financiamiento mixto: público y privado. Ambos requieren una regulación clara y rigurosa. Otra vez, no es una petición, es una exigencia de la democracia que demanda soluciones integrales del proceso político. Habría que capacitar a la dirigencia de los partidos, decirle NO a ciertos patrocinadores, generar mecanismos que permitan a la ciudadanía fiscalizar a los partidos y exigir la transparencia en el proceso. Por otra parte, es una locura la asimetría de fondos entre las distintas fuerzas políticas. Y es tan descarada la manera que se da en nuestro país, que el otro día escuché al asesor de uno de los partidos punteros, en una entrevista radial, decir que si alguien es pobre, mejor que no se meta a la política.
Necesitamos que todos los partidos comiencen la carrera en la misma línea de salida, porque si no, unos van tocando puertas, mientras los otros acarrean multitudes y reparten electrodomésticos. A esto se le llama equilibrio para una saludable competencia, y presupone una sociedad bien informada y capaz de auditar todo el proceso, en un contexto de reglas claras que permita establecer las sanciones apropiadas para el combate de la corrupción, producto del financiamiento ilícito.
Según el arto. 26 de la LEPP revisada en 2004, es el Tribunal Supremo Electoral el obligado a fiscalizar los fondos públicos y privados que reciben las organizaciones políticas para actividades permanentes y de campaña. Menuda tarea, de la cual sólo reciben informes maquillados y falseados. Por encima de todo ello: el imperativo de la transparencia de la vida política y el derecho de la ciudadanía a saber si determinada “ofrenda” se relaciona con decisiones futuras que le perjudicarán. De todos modos surgen las preguntas: ¿Campañas millonarias en este país pobre? ¿No convendría que dejaran de ser prisioneros de un estilo y se volvieran más creativos? Así por lo menos no sentiríamos que el despojo al que nos somete la clase política no sólo es descarado, sino ridículo e inútil.
No hay comentarios:
Publicar un comentario